La CEOE, coordinadora de los trabajos, ha reconocido la labor de análisis realizada por las Instalaciones Deportivas y destacado la celeridad en la presentación de sus conclusiones.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) ha entregado las encuestas encargadas para la reducción de cargas administrativas y la racionalización de los procedimientos que, en el ámbito administrativo, regulan las relaciones legales entre el sector privado y los diferentes organismos públicos.

En concreto, se trata de un análisis sobre las cargas administrativas de trámites y documentos que, de una u otra forma, afectan negativamente a la actividad diaria de los centros asociados y que, por ello, son susceptibles de revisión o supresión. Son, en muchos casos, procesos que han perdido parte de su utilidad, que incurren en determinados solapamientos o que, sencillamente, requieren de un tratamiento más sencillo y simple que el que reciben en la actualidad. Entre ellos, por ejemplo, figuran los boletines del Instituto Nacional de Estadística (INE) o ciertas gestiones ligadas a la Agencia Tributaria.

Esta tarea forma parte de los trabajos emprendidos por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto con las federaciones nacionales integradas –entre ellas FNEID- para la reducción en un 20 por ciento y la armonización hasta niveles europeos de las citadas cargas administrativas.

Pérdidas estimadas
La CEOE calcula en más de 48.000 millones de euros el coste de dichas obligaciones para las empresas, lo que equivale al 4,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español. Este porcentaje es un punto superior al registrado en el resto de la Unión Europea.

Una de las principales causas de tal exceso, que reduce la competitividad de nuestro país, es la descentralización normativa iniciada hace años entre las diferentes administraciones y agencias del Estado, tanto locales como centrales o autonómicas.

De ahí que esta confederación, junto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), mantenga también un acuerdo marco con el Ministerio de Administraciones Públicas para afrontar este problema y avanzar hacia una gestión más eficiente y menos gravosa para los agentes privados.